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MINISTERIO DE ECONOMÍA
El BID aprobó una garantía de inversión de U$S 200 millones, respaldará Plan de Transporte Eléctrico
El respaldo busca atraer capital privado, para dos proyectos de transmisión eléctrica. El Gobierno prevé beneficiar a 16 millones de usuarios y superar un déficit histórico de infraestructura.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó en la jornada de ayer, una garantía de U$S 200 millones, con un plazo de 25 años, para respaldar la ampliación de la red de transporte eléctrico de Argentina.
La medida busca atraer inversiones privadas a un sector que enfrenta dificultades para financiar grandes obras de infraestructura y cuya capacidad de transmisión constituye uno de los principales límites para el desarrollo energético del país.
El instrumento respaldará los proyectos AMBA I y Puerto Madryn-Choele Choel / Choele Choel-Bahía Blanca, destinados a fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
La Secretaría de Energía indicó que el programa beneficiará directamente a unos 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, mediante un suministro eléctrico más confiable.
La garantía
A diferencia de un préstamo destinado a financiar directamente la construcción, la garantía del BID busca reducir los riesgos que enfrentan los inversores y facilitar la llegada de capital privado a proyectos de largo plazo.
El problema es histórico. Durante las últimas décadas, Argentina consiguió incorporar nueva generación eléctrica mediante distintos mecanismos contractuales, pero no logró consolidar un esquema capaz de financiar con inversión privada las grandes ampliaciones de la red de alta tensión. La saturación de líneas y nodos de transmisión limita la incorporación de nueva potencia y condiciona la capacidad de abastecimiento durante los picos de consumo.
AMBA la primera prueba
El principal desafío será AMBA I, una obra estimada en U$S 800 millones cuya licitación fue lanzada en agosto bajo el régimen de concesión de obra pública. El esquema establece que la empresa adjudicataria financiará la construcción y recuperará la inversión mediante pagos denominados en dólares, actualizados por un índice de precios de Estados Unidos y con prioridad de cobro dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.
El esquema contractual también establece que la obligación de pago continuará vigente aunque un futuro gobierno decida no trasladar íntegramente el costo a las tarifas eléctricas. A esa protección se suma la garantía del BID, que busca mitigar riesgos políticos y facilitar el financiamiento privado.
El modelo contempla, además, que el concesionario pueda comenzar a cobrar parte de su remuneración a medida que complete determinados lotes de la obra, sin esperar a que finalice toda la construcción. La aprobación de la garantía mejora las condiciones para atraer inversores, pero no asegura por sí sola el financiamiento privado que necesitará AMBA I para concretarse.
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